Alianza por el 50%
Campaña de Movilización
por precios justos en los Combustibles y el Transporte Público.
Colombia ha alcanzado la
producción del millón de barriles diarios, tan anhelada por el gobierno. La
explotación de crudo ha aumentado en casi el doble desde el año 2005. Si esto
es así, ¿por qué los precios en la gasolina y por ende de la vida cotidiana de
los colombianos, no ha bajado proporcionalmente? Nuestra propuesta de una
rebaja al 50% en el precio de los combustibles, se presenta como la posibilidad
de mejoramiento de la economía de las familias colombianas, en un escenario de
incompetencia estatal ante esta problemática.
¿De
dónde viene el problema?
Como cada día se hace más
difícil para los grandes capitales mantener sus ritmos de ganancia en medio de
la actual crisis económica, la producción mundial en su conjunto tiende a
crecer vertiginosamente, para intentar sostener esas tasas de ganancia, de ahí
que a mayor producción de mercancías, mayor necesidad de materias primas. La actual voracidad que
alienta la crisis mundial, hace que todos y cada uno de los territorios, por
poca o gran riqueza natural que tengan, sean objetivos para la maquinaria
extractivista de las transnacionales y el gran capital.
Este proceso de extractivismo y destrucción no tiene
precedente alguno en la historia de la humanidad. Nunca antes la sociedad en su
conjunto había tenido tal cantidad de demanda energética, que le obligara a
ritmos tan acelerados de extracción de recursos. Entonces, esta crisis también
se caracteriza por ser una crisis energética, en la que los recursos renovables
así como no renovables son objeto cotidiano de despilfarro y gasto.
Colombia, es uno de los países donde gran número de
empresas extranjeras han saqueado desde inicios del siglo XX los recursos
naturales. Pese a esta realidad, los gobiernos de este nuevo
siglo, continúan con el legado de sus antecesores y piden a gritos más
inversión extranjera. Pero como las inversiones no se hacen sin recibir nada a
cambio, las arcas de estas empresas se llenan de ganancias, mientras que las
clases medias y sectores populares del país, cargan a cuestas el detrimento de
su economía, destierro, empobrecimiento cultural, así como territorios enteros
con grandes desequilibrios ecológicos y ambientales.
Nuestro país y su situación
petrolera.
Colombia se sitúa en el tercer lugar de América
Latina como exportador de petróleo. La creciente dinámica del proceso
productivo de los hidrocarburos, ha hecho que la exploración y por lo tanto el
hallazgo de reservas probadas aumente. En cifras de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), para el 2011, nuestro país tiene reservas probadas de
alrededor 2259 millones de barriles. Esta cifra nos dice poco, pero teniendo en
cuenta la tasa de explotación de crudo, que actualmente oscila entre 900.000 y
un millón de barriles diarios, las reservas nos dan una cortísima duración de 6
a 7 años. Esta crisis tiene dos posibles salidas: 1) Disminuir la tasa de
explotación de crudo o, 2) Aumentar la tasa de exploración de nuevos yacimientos.
El Estado ha optado por la segunda salida, pese a las grandes afectaciones que
de por sí el solo proceso de exploración lleva implícito[1].
Así, más exploración, mayor explotación y más
saqueo para la nación y por otro lado
mayores contratos, licitaciones y adjudicaciones de negocios para el gran
capital, son las dos caras de la moneda de la política minero energética en
Colombia. Por ejemplo, la dinámica extractiva de la
transnacional Pacific Rubiales, que posee actualmente 8 campos de exploración y
explotación, le genera ganancias anuales de 554 millones de dólares,
aproximadamente la cantidad de capital que harían alrededor de 138500
trabajadores colombianos en el mismo periodo sin gastar un solo peso. Otro
ejemplo la construcción de infraestructura para el saqueo de los recursos
energéticos, como lo demuestra el actual proyecto Oleoducto Bicentenario[2], el
que se realiza con la proyección de duplicar la actual producción de crudo en
un periodo de tan solo 10 años.
Mientras
los planes y la realidad se mueven en favor de la extracción y el saqueo de los
recursos minero energéticos de nuestra nación, la demanda interna, para el caso
de los hidrocarburos, aún no es satisfecha. Es decir, que mientras mayor número
de empresas extranjeras hacen jugosos negocios, el país importa combustible refinado, pues Ecopetrol no
alcanza a cubrir la demanda.
¿Qué pasa en nuestra ciudad?
En las ciudades de Colombia y en especial en
Bogotá, se sienten las consecuencias directas de estas nefastas políticas
minero energéticas con los altos precios de la gasolina y el ACPM, y por
consecuencia del transporte público que se encuentra en la penosa situación de
ser el más costoso en América Latina.
Como característica de nuestras sociedades
modernas, las fuentes energéticas determinan en gran medida el ritmo y los
costos de la vida. Los altos precios de los combustibles, significan para los
ciudadanos y los colombianos en general, mayores costos en la canasta familiar,
pues estos aumentan proporcionalmente a los combustibles debido a los precios
crecientes de los fletes y del proceso de transporte en general. De esta forma
los alimentos y demás manufacturas básicas para el consumo son cada día más
difíciles para conseguir, es decir que se afecta nuestro acceso a los medios básicos
de vida.
Basta tan solo con hacer un ejercicio de revisar
las materias, productos, mercancías y demás medios de vida que diariamente
utilizamos y son necesarios para nuestra cotidianidad. Este ejercicio nos
demostrará que por ejemplo la ropa que llevamos puesta, lleva fibras sintéticas
que son realizadas de productos derivados del petróleo, así como los zapatos y
todo objeto que tenga plásticos. Alimentos, vestido, materias primas,
transporte, industria, etc., todas estas palabras guardan relaciones directas e
indirectas con la dinámica de los precios de los combustibles.
Las recientes rebajas a
los precios de los combustibles, no corresponden proporcionalmente a la
intensificación de la actividad petrolera y parecen una burla para la nación.
Por ejemplo, finalizando el 2012, el gobierno anunció con bombos y platillos,
la rebaja al precio de los combustibles, sin embargo, no nos contó con la misma
vehemencia, las constantes alzas de los meses pasados en el año, e incluso las
históricas alzas de precios a las que hemos sido obligados mes tras mes. El
balance final para el 2012, sumando y restando aumentos y reducciones, sería
una pírrica reducción de 11 pesos. Sin embargo dada la flexibilidad que la ley
otorga a las estaciones de servicio, estas suelen hacer acuerdos para mantener
los precios en los límites superiores haciendo que las “rebajas” sean
inexistentes en la práctica.
Frente a las propuestas
que se adelantan en varios escenarios, consideramos que las rebajas de hasta
400 pesos al costo final de los combustibles son aún insuficientes en aras de
concretar una política de precios justos para las clases medias y sectores
populares del nuestra nación[3].
Consideramos así mismo que una rebaja de los precios finales a los combustibles
si bien debe considerar los múltiples impuestos, muchos de ellos absurdos,
principalmente la reducción debe partir de la decisión política de no cotizar
la producción de hidrocarburos de la nación a precio internacional del Golfo de
los Estados Unidos, pues este es el mayor componente de los altos precios de
los combustibles
La Campaña.
La Campaña Alianza por el 50%, es
adelantada por varias organizaciones sociales de Bogotá y del país. Ella busca
conocer, visibilizar y dialogar críticamente sobre las características de la
problemática minero energética en Bogotá, con el ánimo de generar procesos de
movilización social. Una exigencia clara de rebaja del 50% del precio final
de los combustibles y del transporte público frente al gobierno nacional,
debe invitarnos a reflexionar, debatir y abrir más escenarios frente a los
temas causales de los altos precios, pero también frente a las consecuencias de
ello. Así, esta campaña es al mismo tiempo una campaña por la soberanía de los recursos estratégicos y naturales de
la nación y por otro lado una campaña que invita a los más amplios sectores a
ligar las problemáticas del transporte público, de los precios de los alimentos
y en general de los costos de la vida misma, a este gran esfuerzo conjunto.
Nuestro propósito, es dar cuenta de la
importancia de generar reflexiones movilizadoras frente a las problemáticas
sociales que afectan el bolsillo y la calidad de vida de las clases medias y
populares. Nos duele y va en contra de nuestro proceso humano, ético-político,
económico y cultural la forma de explotación empleada por empresas
extractivistas de origen nacional, como Ecopetrol y extranjeras como OXY,
Pacific Rubiales, Repsol, entre otras tantas, las que se
configuran como carteles económicos que regulan, desde los procesos de
explotación y saqueo de los recursos primarios, hasta la venta y precio de los
productos terminados.
Finalmente cabe
preguntarnos, si somos fuertes productores de petróleo y se alcanzó el soñado
millón de barriles diarios, ¿por qué los precios de los combustibles no bajan
proporcionalmente?, si la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) ha invitado a Colombia a ser miembro, ¿por qué se cotiza el precio de
los hidrocarburos en el mercado internacional y no en el territorio propio? Si
las políticas minero energéticas siguen apuntando a agudizar la
exploración, explotación y saqueo de
hidrocarburos y minerales de territorios a costa del medio ambiente...
Alianza por el 50% por la
reducción del precio final de los combustibles, para no cotizar en mercado internacional
el crudo nacional, para frenar la dinámica extractivista en nuestro país, para
una política nacional de rebaja al precio del transporte público y para rebajar
los costos de los fletes del transporte.
LA SOBERANÍA NO TIENE
PRECIO, LOS RECURSOS SON DEL PUEBLO.
[1] Una de las propuestas para
aumentar el hallazgo de nuevos sitios para explotación, es la incorporación de
los llamados “Hidrocarburos No Convencionales”, como el caso del Shale Gas
o Gas de Esquisto, el cual ha tenido grandes debates y prohibiciones
internacionales por su grave afectación al medio ambiente y a los cuerpos
hídricos.
[2]
Este proyecto contempla la construcción de
un oleoducto que inicia desde el municipio de Araguaney (Meta), llegando a la
estación Banadías (Saravena – Arauca), para finalmente conectarse en paralelo
al oleoducto Caño Limón – Coveñas.
[3] Un cálculo rápido nos dice que bajo la actual
propuesto gubernamental de regulación de precios a los combustibles, una baja
en 17 % del precio del barril de petróleo, significaría una reducción de tan
solo el 2%; mientras que con un incremento de 15% o 17% del barril,
significaría un aumento del 20% del precio final de los combustibles.
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